MADURO Y SU CONSTITUCIÓN

Qué difícil es poner límites y nombres a la historia. Cuando la vives, cuando sigues su curso, cuando no es heredada de la prudente distancia de los hechos y de los libros. Pero eso, junto con la exactitud de la palabra, es lo que exige el oficio, y de este modo, aun conscientes de la posibilidad de incurrir en el error, abandonamos la conducta de los indiferentes. Y de los interesados, claro. Sólo así, despojados de ambas inclinaciones, puede uno acercarse a la realidad, o al contexto, de lo que sucede en Venezuela, en donde las últimas noticias de esta semana nos llevan a un alzamiento militar -¿golpe de Estado?, ¿ruido de sables?- de veinte hombres en Valencia, la tercera ciudad de Venezuela en cuanto a población, con más de dos millones de habitantes. La insurrección concluyó con dos fallecidos, ocho detenidos y el control del cuartel por parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Aunque los cabecillas de la rebelión no sean novatos en la lucha clandestina contra el Gobierno de Maduro –el líder de la revuelta fue expulsado del ejército al estar, dicen, involucrado en una conspiración en contra del presidente, allá por 2014-, es significativo que un sector de la sociedad tan cercano a los intereses del chavismo se tome la justicia por su mano. Incluso en los grupos que se presumen afines a los ideales del chavismo hay disidencias, reflejo de un país dividido, fraccionado, también en los simpatizantes, colaboradores, del partido del Gobierno.

Ejemplo de esa división dentro de las piezas del engranaje del chavismo es la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega. Una decisión que ha tomado la Asamblea Constituyente de manera discrecional y arbitraria, lo que levanta, de nuevo, sospechas sobre la legitimidad del proceso constituyente. Un proceso constituyente que se considera, con observar sus primeros pasos es suficiente, un fraude: casualmente hay una excesiva coincidencia entre los intereses del Ejecutivo de Maduro y la primera consecuencia que origina este proceso, que es la disolución del Legislativo, institución cuya potestad tomó la oposición en 2015. Cualquiera diría que si la institución política no es altavoz de la ideología chavista, no tiene validez; que el movimiento del chavismo debe ser concomitante del Estado venezolano. Pero esa tensión no se da sólo entre los poderes Legislativo y Ejecutivo, también en el Judicial, cuyos magistrados se pronunciaron en contra de Maduro por intentar crear un Estado “con fines golpistas”.

Respecto de la sociedad venezolana ajena a las instituciones públicas, la polarización no es menor. Las manifestaciones y concentraciones públicas han sido prohibidas por el Gobierno, mientras que la oposición insiste en “tomar Venezuela”. El resultado: las revueltas callejeras, los disturbios, los heridos. También la investigación y la censura de cuentas en las redes sociales de Voluntad Popular, partido de la oposición. Y la frustración de una sociedad que ve sus opiniones reprimidas a base de tiroteos, junto con el recelo del chavismo, al comprobar que no todo “el pueblo” coincide con sus aspiraciones.

Y en medio de todo este conflicto, en medio de estas diferencias, cada día más distantes, ¿qué Constitución podrá salir de la Asamblea Constituyente? ¿Qué texto que sirva de punto de partida del ordenamiento jurídico venezolano? ¿Qué proceso constituyente legítimo –donde todas las fuerzas políticas han de estar representadas- cuenta con una oposición, tanto en sus partidos como en la sociedad, silenciada, denostada y censurada? El único destino posible, vistos los sucesos, es el perpetuo conflicto civil entre las partes, conflicto de ideas enfrentadas que podría desembocar –ya hay amagos- en una guerra civil. O la redacción de un texto constitucional cuyas garantías democráticas sean simple adorno: el chavismo será un absoluto. En uno u otro supuesto, Constitución en el caos.

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